La semana pasada, el Senado brasileño aprobó el Proyecto de Ley de la Cámara (PLC) 79/2016, que reformó la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) de 1997. El nuevo texto exime a los operadores de telefonía fija de cumplir con obligaciones de servicio público (universalización, obligación de continuidad, control tarifario) y obtendrán la infraestructura pública a cambio de invertir en redes de banda ancha.

La LGT establecía que los operadores debían retornar al Estado los bienes reversibles -la infraestructura- de la privatización del sistema Telebras en 2025. En contraprestación, los operadores deberán invertir en redes de banda ancha de alta capacidad de acuerdo a montos que defina la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), privilegiando la instalación en áreas de escasa o nula competencia.

Durante la discusión de la nueva ley surgieron cifras contrapuestas en cómo calcular el valor de los bienes reversibles. Para el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), llegaba a US$ 30.000 millones, en cambio, para el regulador y las empresas su valor es de US$ 5.000 millones, al entender que la infraestructura de la privatización se depreció y lo seguirá haciendo hasta 2025.

Los recursos

El gobierno emitirá un decreto presidencial, probablemente en octubre, para definir áreas del país que aún no están cubiertas por banda ancha. Serán prioridad para las inversiones de los operadores que decidan adaptar sus subvenciones de acuerdo con el texto aprobado del PLC 79. El decreto no impedirá la presentación de un proyecto de ley para regular el nuevo marco de telecomunicaciones.

Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTIC) señalaron que la migración legal no es simple y requiere modificaciones para permitir que el trabajo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) avance los próximos pasos en el proceso de transferencia de contratos de concesión para su autorización. Esto implicará la valoración de los activos reversibles para guiar el valor de las inversiones que realizarán los operadores.

Las áreas prioritarias serán aquellas no cubiertas por los servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, áreas rurales, carreteras y localidades que no son sedes de la ciudad. Una vez definidas las áreas prioritarias, Anatel podrá fijar el valor de cada modelo de negocio y migración.

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